A tan solo 22 días del inicio del mandato presidencial de José Antonio Kast, la rápida instalación de múltiples medidas gubernamentales de alto impacto ha despertado al primer gran actor social en oposición: el movimiento estudiantil chileno.
A través de una inédita Declaración Conjunta publicada en redes sociales y firmada por decenas de centros de estudiantes y representantes de organismos colegiados de la Educación Superior, los universitarios manifestaron su profunda preocupación por lo que catalogan como un intento de "vulnerar principios fundamentales de justicia, educación y protección de nuestro entorno".
El desmantelamiento de la agenda educativa
El documento es categórico al expresar un "rechazo absoluto a las medidas en materia de educación". Las directivas estudiantiles acusan un retroceso directo que golpea a las familias de clase trabajadora, listando cinco puntos críticos impuestos o impulsados por la nueva administración:
- El recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación.
- La limitación de la gratuidad universitaria exclusivamente a personas menores de 30 años.
- El freno definitivo a la extensión de la gratuidad hacia nuevos deciles socioeconómicos.
- El fortalecimiento de los mecanismos de cobro y persecución del Crédito con Aval del Estado (CAE).
- Recortes aplicados a la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).
Derechos Humanos y el flanco Medioambiental
El malestar de los universitarios trasciende las fronteras de las aulas. La declaración conjunta aborda con dureza la agenda de seguridad y justicia del Ejecutivo, condenando específicamente la iniciativa de ley que pretende conmutar penas a presos mayores de 70 años. Los estudiantes advierten que entre los beneficiados por esta medida "hay criminales condenados por violación, tortura y parricidio", lo que califican como un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos.
En el ámbito ecológico, acusan al gobierno de arremeter contra los ecosistemas chilenos al retirar "temporalmente" más de 40 decretos que limitaban el impacto del extractivismo y protegían a especies vulnerables. Para los firmantes, esto deja en evidencia que La Moneda "prioriza los intereses de las grandes empresas por sobre el medioambiente".
Asimismo, en materia económica, los estudiantes criticaron la reciente e histórica alza del combustible, señalando que la decisión política busca que "las familias chilenas paguen por la crisis, aumentando el costo de la vida".
La articulación: "No seremos cómplices pasivos"
El comunicado finaliza con una fuerte advertencia al gobierno. Asumiendo el rol histórico que ha caracterizado al movimiento estudiantil chileno frente a la pérdida de derechos sociales, las organizaciones se declararon formalmente en "estado de alerta".
"Estaremos atentos a nuevas decisiones en diversas materias que perjudiquen a nuestro pueblo, pues no seremos cómplices pasivos de aquellos actos. Seguiremos trabajando en nuestros espacios de organización y estaremos dispuestos a movilizarnos como lo dicta nuestro derecho constitucional", concluye la misiva.
Entre las organizaciones firmantes destacan centros de estudiantes y consejerías de las principales casas de estudio del país, incluyendo a la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica (PUC), Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad Alberto Hurtado, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Católica del Norte y la Universidad de la Frontera, demostrando un nivel de transversalidad territorial e institucional que no se veía desde el estallido social.
Nota de la redacción: Las imágenes originales de la declaración fueron difundidas a través de los perfiles oficiales de Instagram de diversos Centros de Estudiantes y organismos colegiados el día de hoy.