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finales de abril de 2026, la Asamblea General de la ONU votará un proyecto de resolución que respalda la opinión consultiva emitida en 2025 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aunque no es jurídicamente vinculante, este dictamen es considerado un hito porque establece que proteger el sistema climático global es una obligación legal y no una decisión política opcional.
El rol de Vanuatu
La nación insular del Pacífico, altamente vulnerable al aumento del nivel del mar, lidera la ofensiva diplomática. Vanuatu ya había encabezado la campaña que permitió llevar el tema a la CIJ, apoyada por movimientos juveniles y organizaciones civiles. Ahora busca que la resolución convierta esas directrices legales en compromisos prácticos para los Estados.
Puntos clave de la opinión de la CIJ
- Límite de 1,5 ºC: Los países deben mantener el calentamiento global por debajo de ese umbral.
- Derechos humanos: La crisis climática debe abordarse también desde el marco de derechos fundamentales.
- Fin de los fósiles: Continuar con la exploración y subsidios a esta industria se considera un acto ilícito.
- Cooperación internacional: Los Estados deben compartir recursos, tecnología y financiamiento.
- Indemnizaciones: Los países responsables de daños deben compensar plenamente las pérdidas ocasionadas.
- Protección a desplazados: Se reconoce el principio de no devolución para quienes huyen de impactos climáticos.
Qué plantea la resolución
El borrador exige que los gobiernos implementen planes nacionales alineados estrictamente con el límite de 1,5 ºC, además de reforzar sus leyes ambientales internas. También se plantea la necesidad de avanzar en la eliminación urgente y equitativa de los combustibles fósiles.
Asimismo, el texto propone garantizar la participación activa de comunidades vulnerables, pueblos indígenas y jóvenes en la toma de decisiones, mientras se protege a las personas desplazadas por fenómenos climáticos y se da paso a la creación de un Registro Internacional de Daños junto con un mecanismo formal de reparación.
Derechos humanos en el centro
La CIJ subrayó que el medioambiente es la base de la vida humana y que sin protección climática los derechos fundamentales no pueden ejercerse plenamente. La resolución busca traducir esa premisa en acciones concretas, reforzando la justicia climática para quienes ya sufren los efectos de sequías, inundaciones y pérdida de territorios.
Obstáculos y resistencias
Algunos países desarrollados, responsables históricos de la mayor parte de las emisiones, se muestran reticentes. Temen que la resolución implique responsabilidad económica por pérdidas y daños, además de presiones para acelerar la transición energética. Sin embargo, defensores del texto sostienen que los recursos existen y que es hora de que los grandes contaminadores paguen por los impactos generados.
Próximos pasos
La votación en la ONU será decisiva: si se aprueba, enviará un mensaje claro de que la comunidad internacional está dispuesta a transformar las obligaciones legales en medidas tangibles. Para Vanuatu y los Estados aliados, se trata de una oportunidad de demostrar que la justicia climática no puede seguir postergándose.